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Last Updated: 12/26/2009

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November 10, 2009 - Tuesday 
PARAGUAY: COMUNIDADES INDÍGENAS SE ENFRENTAN A REPRESALIAS

El peligro de desalojo forzado inminente de sus tierras ancestrales que se cernía sobre cinco comunidades indígenas del distrito de Itakyry, en el este de Paraguay, ha cesado. Sin embargo, los agricultores brasileños que se atribuyen la propiedad de la tierra utilizaron un aeroplano para rociar una sustancia tóxica sobre las comunidades, por lo que más de 200 personas necesitaron tratamiento médico. Las comunidades corren peligro de nuevas represalias.

Las comunidades ava guaraní de Loma Tajy, Ka'aguy Poty, Ka'aty Min, Ka'agauy Roky y Formosa se han venido enfrentando al desalojo de las tierras que han habitado durante muchos años. La propiedad de la tierra se la atribuyen agricultores de más allá de la cercana frontera con Brasil, que utilizan esas tierras para cultivar soja. El 6 de noviembre, tras la presentación de un recurso por parte del abogado de las comunidades, la orden de desalojo se anuló. Sin embargo, ese mismo día unos 50 hombres, al parecer representantes de los agricultores brasileños, trataron de expulsar a los indígenas de sus tierras. Los miembros de las comunidades les dispararon flechas. Parece ser que sólo había presente un reducido número de policías. Los indígenas impidieron a los hombres acceder a sus tierras, pero, ese mismo día, un pequeño aeroplano sobrevoló las comunidades y roció sobre sus casas lo que parecían ser los pesticidas que se suelen utilizar en los cultivos de soja.

Desde entonces, la ministra de Salud Pública ha informado de que unas 220 personas han enfermado, con síntomas como vómitos, mareos y dificultades respiratorias. Al menos siete personas fueron llevadas al hospital. Se ha informado de que hubo retrasos en el envío de ambulancias para buscar a quienes necesitaban atención médica. Al día siguiente del rociado, llegaron a la zona representantes de varios ministerios gubernamentales y el presidente del Instituto Paraguayo del Indígena (INDI), para evaluar los daños causados en la zona. Según la prensa, se ha suministrado agua potable no contaminada a las comunidades, ya que sus suministros de agua se habían contaminado con el rociado. Existe honda preocupación por la seguridad y la salud de estas comunidades indígenas.

ESCRIBAN INMEDIATAMENTE, en español o en su propio idioma:
pidiendo a las autoridades que garanticen la seguridad de las comunidades indígenas ava guaraní de Itakyry;
    instando a las autoridades a garantizar que se presta asistencia médica efectiva a las cinco comunidades ava guaraní de Itakyry afectadas por la fumigación de sus tierras ancestrales el 6 de noviembre;
    pidiendo que se investiguen tanto los hechos ocurridos el 6 de noviembre como los que condujeron a ellos;
    recordando a las autoridades que el derecho a las tierras tradicionales es crucial para los pueblos indígenas, ya que es un elemento esencial de su sentido de la identidad, su sustento y su forma de vida; instando a las autoridades a cumplir con sus obligaciones contraídas en virtud del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la Declaración de las Naciones sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y los artículos pertinentes de la Constitución de Paraguay sobre los derechos de los pueblos indígenas.

ENVÍEN LLAMAMIENTOS ANTES DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2009 A:
Dr. Rubén Candia Amarilla
Ministerio Público
Chile entre Rodríguez de Francia y Ygatymi, Asunción - Paraguay
Fax: + 595 21 454 6003
Correo-e.: ministro@ministeriopublico.gov.py
Tratamiento: Estimado Fiscal General

Dra. Esperanza Martínez
Ministra de Salud Pública y Bienestar Social
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Pettirosi Esq. Brasil
Asunción- Paraguay
Fax:  + 595 21 207 328
Tratamiento: Estimada Ministra

S.E. Don Rafael Fillizola
Ministro del Interior de Paraguay
Chile y Manduvira
Asunción
Paraguay
Fax: +595 21 450 027
Correo-e.: dggabinete@mdi.gov.py
Tratamiento: Estimado Ministro del Interior

Envíen también copia a la representación diplomática de Paraguay acreditada en su país.

Excmo. Sr. Oscar J. CABELLO SARUBBI
C/ Doctor Fleming nº3-1º. 28036  MADRID
Teléfono: 91 457 09 234 .-. Fax: 91 308 49 05
Teléfono Sección Consular: 91 308 27 46 // 91 308 53 19
E-mail: embapar@arrakis.es

Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los llamamientos después de la fecha antes indicada.
Esta es la primera actualización de AU 300/09 (AMR 45/048/2009). Más información: http://www.amnesty.org/es/library/info/AMR45/048/2009/es

INFORMACIÓN ADICIONAL
En 1996 y 1997 el Instituto Paraguayo del Indígena (INDI), el organismo estatal que asesora sobre la protección de los derechos de los pueblos indígenas y la tramitación de las reclamaciones de tierras, adquirió 2.638 hectáreas de tierras ancestrales de las comunidades indígenas ava guaraní en su nombre. Sin embargo, los hacendados han emprendido acciones legales contra las comunidades. Según parece, algunos hacendados, que afirman ser propietarios de la tierra, adquirieron los terrenos bajo la dictadura del general Stroessner (1954-1989), en una época en la que los hacendados obtuvieron títulos de propiedad de un porcentaje significativo de las tierras de Paraguay mediante medios oscuros o ilegales. Las autoridades judiciales han adoptado medidas cautelares para proteger los derechos de las cinco comunidades.

Durante muchos años, los pueblos indígenas de Paraguay han estado marginados y han sufrido abusos sistemáticos. La Constitución de Paraguay reconoce el derecho de los pueblos indígenas a la propiedad colectiva de la tierra, y exige al Estado que les provea gratuitamente de dichas tierras.

Sin embargo, los pueblos indígenas todavía se enfrentan a una serie de violaciones graves de sus derechos humanos. En dos sentencias distintas dictadas en 2005 y 2006, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó a Paraguay la restitución a las comunidades indígenas enxet de Yakye Axa y Sawhoyamaxa de sus tierras ancestrales. Las dos comunidades se han visto obligadas a vivir junto a la autopista entre Concepción y Pozo Colorado, en la región paraguaya de Bajo Chaco, durante más de 15 años, mientras los hacendados les impiden acceder a sus tierras ancestrales. Desde que la Corte dictó las sentencias, al menos 30 miembros de las dos comunidades han muerto debido a las condiciones inhumanas en las que viven. Las sentencias obligan a Paraguay a adoptar medidas que garanticen que todos los pueblos indígenas del país pueden hacer efectivos los derechos de propiedad sobre sus territorios tradicionales.

El presidente Lugo ha prometido reiteradamente acabar con las violaciones históricas de los derechos de los pueblos indígenas mediante una acción concertada del gobierno contra la discriminación y en favor de sus derechos. Sin embargo, la mayoría de los pasos que se han dado hasta la fecha se han centrado en la provisión de asistencia social, en lugar de en la resolución de estos problemas fundamentales.
               PARAGUAY: INDIGENOUS COMMUNITIES FACE RETALIATION

The danger of imminent forcible eviction from their ancestral lands that hung over five indigenous communities Itakyry District, in eastern Paraguay, has ceased. However, Brazilian farmers are given ownership of the land used an airplane to spray a toxic substance on communities, so that over 200 people needed medical treatment. The communities are in danger of further reprisals.

Ava Guarani communities Tajy Loma, Ka'aguy Poty, Ka'aty Min, Ka'agauy Roky and Formosa have been facing eviction from land they have inhabited for many years. The land is the farmers attribute beyond the immediate border with Brazil, who use the land to grow soybeans. On 6 November, following an appeal filed by the lawyer of the communities, the eviction order was canceled. However, that same day about 50 men, apparently representatives of Brazilian farmers, tried to expel the natives from their lands. The community members were shot arrows. It appears that this was only a small number of policemen. The Indians prevented the men access to their land, but that day, a small airplane flying over communities and their homes sprayed on what appeared to be the pesticides that are commonly used in soybean crops.

Since then, the Minister of Health has reported that some 220 people have fallen ill with symptoms such as vomiting, dizziness and breathing difficulties. At least seven people were taken to hospital. It is reported that there were delays in sending ambulances to seek out those who needed medical attention. The day after the spraying, arrived in the area representatives from various government ministries and the president of the Paraguayan Indigenous Institute (INDI), to assess damage in the area. Press reports have been provided safe drinking water to communities as their water supplies had been contaminated with the spray. There is deep concern about the safety and health of indigenous communities.

Write immediately, in Spanish or your own language:
calling on the authorities to ensure the safety of indigenous Guarani Itakyry ava;
     urging the authorities to ensure that effective care is provided at five of Itakyry Ava Guarani communities affected by the spraying of their ancestral lands on 6 November;
     asking them to investigate both the events on November 6 as those that led to them;
     reminding the authorities that the right to traditional lands is crucial for indigenous peoples, since it is an essential element of their sense of identity, livelihood and way of life, urging the authorities to fulfill their obligations Under Convention 169, International Labor Organization, the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples and the relevant articles of the Constitution of Paraguay on the rights of indigenous peoples.

PLEASE SEND APPEALS BEFORE DECEMBER 21, 2009 A:
Dr. Rubén Candia Amarilla
Attorney General
Chile between France and Ygatymi Rodriguez, Asuncion - Paraguay
Fax: + 595 21 454 6003
E-mail.: Ministro@ministeriopublico.gov.py
Salutation: Dear Attorney General

Dr. Esperanza Martinez
Minister of Health and Welfare
Ministry of Health and Welfare
Pettirosi Esq Brazil
Asuncion, Paraguay
Fax: + 595 21 207 328
Salutation: Dear Minister

S.E. Don Rafael Fillizola
Paraguay's Interior Minister
Chile and Manduvira
Assumption
Paraguay
Fax: +595 21 450 027
E-mail.: Dggabinete@mdi.gov.py
Salutation: Dear Minister of Interior

Also send copies to diplomatic representatives of Paraguay accredited to your country.

Hon. Mr. Oscar J. HAIR SARUBBI
C / Doctor Fleming n º 3-1 º. 28036 MADRID
Phone: 91 457 09 234 .-. Fax: 91 308 49 05
Consular Section Telephone: 91 308 27 46 / / 91 308 53 19
E-mail: embapar@arrakis.es

Check with your section office, if sending appeals after the date above.
This is the first update of UA 300/09 (AMR 45/048/2009). More information: http://www.amnesty.org/es/library/info/AMR45/048/2009/es

ADDITIONAL INFORMATION
In 1996 and 1997, the Paraguayan Indigenous Institute (INDI), the government agency that advises on the protection of the rights of indigenous peoples and the processing of land claims, acquired 2638 acres of ancestral lands of indigenous communities in Ava Guarani his name. However, farmers have taken legal action against the communities. Apparently some landowners, who claim to be landowners, acquired the land under the dictatorship of General Stroessner (1954-1989), at a time when the planters were obtained title to a significant percentage of the land in Paraguay through dark or illegal means. The judicial authorities have taken precautionary measures to protect the rights of the five communities.

For many years, Paraguay's indigenous peoples have been marginalized and have suffered systematic abuse. Paraguay's constitution recognizes the right of indigenous peoples to collective ownership of land, and requires the State to provide them free of such land.

However, indigenous peoples still face a number of serious violations of their human rights. In two separate rulings issued in 2005 and 2006, the Inter-American Court of Human Rights ordered restitution Paraguay indigenous communities of Yakye Enxet Sawhoyamaxa cases from their ancestral lands. The two communities have been forced to live alongside the highway between Concepción and Pozo Colorado in the Lower Chaco region of Paraguay, for over 15 years while the landlords preventing entry to their ancestral lands. Since the Court issued judgments, at least 30 members of both communities have died because of inhumane conditions in which they live. The judgments require Paraguay to adopt measures to ensure that all indigenous peoples of the country can enforce the rights of ownership over their traditional territories.

President Lugo has repeatedly promised to end the historical violations of the rights of indigenous peoples through concerted government action against discrimination and for their rights. However, most of the steps that have been given to date have focused on the provision of welfare, instead of solving these fundamental problems.

November 10, 2009 - Tuesday 
August 12, 2009 - Mittwoch 
Situación
Desde que se reanudaron las ejecuciones en Estados Unidos en 1977 hasta marzo de 2009 habían sido ejecutadas en Estados Unidos 1.1569 personas. Al menos cien de estas personas padecían enfermedades o problemas mentales graves, bien antes de los delitos por los que fueron condenadas a muerte, bien en el momento de su ejecución.
 
En algunos casos la enfermedad mental era hereditaria, en otros el diagnóstico fue de trastornos mentales causados por terribles malos tratos en la infancia, la violencia carcelaria o sus experiencias como soldados enviados a combatir por su gobierno. 
 
A algunos de los ejecutados los años vividos en el corredor de la muerte les habían provocado problemas de salud mental o pronunciado los que ya tenían. Entre las personas que han retirado sus apelaciones y dado “consentimiento” a su propia ejecución, hay varias con enfermedades mentales.
 
En algunos casos hubo serias dudas sobre la aptitud del procesado para ser juzgado, si entendía realmente la naturaleza y la gravedad de las actuaciones que se seguían contra él o tenía capacidad para colaborar en su defensa. También hay dudas en ciertos casos sobre la aptitud del procesado para declararse culpable o renunciar al abogado del juicio y a defenderse a sí mismo; de hecho, algunos procesados con enfermedad mental han pedido la pena de muerte en lo que parece ser un intento de suicidio.  

En el informe de Amnistía Internacional "Estados Unidos: la ejecución de personas con enfermedad mental", hecho público a finales de enero de 2006, se incluye un listado ilustrativo de 100 hombres y mujeres con algún tipo de enfermedad mental, que han sido ejecutados en Estados Unidos.

En 2008 hubo dos buenas noticias en relación con personas con enfermedad mental condenadas a muerte en Estados Unidos. El 9 de junio de 2008 el gobernador de Virginia, Timothy Kaine, conmutó la pena de muerte de Percy Levar Walton por cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, por considerar que “no puede determinarse con una certeza razonable que Walton es plenamente consciente del castigo que va a sufrir y por qué va a sufrirlo”.

El 27 de junio de 2008 un juez de Carolina del Norte falló que Guy Tobias LeGrande no era apto para ser ejecutado debido a la grave enfermedad mental que padece. El juez de la Corte Suprema Robert Bell se basó para tomar esta decisión en los testimonios de tres psiquiatras, que declararon que Guy LeGrande sufría “transtornos de personalidad, psicosis y paranoia clínica”. Sin embargo, su pena no fue conmutada por lo que permanece en el corredor de la muerte.

Estados Unidos debe abolir la pena de muerte y, como primer paso mínimo, debe librarse de uno de los aspectos más vergonzosos de este castigo indecente: la ejecución de personas con enfermedades mentales.
Home> Issues> Death Penalty> Execution of mentally ill people in the U.S. > Location
Location

Since it resumed executions in 1977 until the United States in March 2009 had been executed in United States 1.1569 people. At least one hundred of these people suffered from serious mental illnesses or problems, well before the crimes for which they were sentenced to death, either at the time of its execution.
 
In some cases, mental illness was hereditary, in others the diagnosis of mental disorders caused by terrible abuse in childhood, prison violence and their experiences as soldiers sent to fight for his government.
 
Some of those executed in the years spent on death row had caused them mental health problems or those who had spoken. Among those who have since withdrawn their appeals and "consent" to his own execution, there are several with mental illness.
 
In some cases there were serious doubts about the fitness of the accused for trial, if really understand the nature and seriousness of the actions that are still against him or had the capacity to assist in his defense. There are also doubts in some cases on the ability of the accused to plead guilty or waive counsel at the trial and defend himself, in fact, some processes with mental illness have requested the death penalty in what appears to be a suicide attempt.

The report by Amnesty International "United States: the execution of persons with mental illness", released in late January 2006, includes an illustrative list of 100 men and women with some form of mental illness, who have been executed in United States.

In 2008 there were two pieces of good news in relation to people with mental illness sentenced to death in United States. On June 9, 2008 Virginia Governor Timothy Kaine, commuted the death sentence of Percy Walton LeVar to life imprisonment without parole, arguing that "can not be determined with reasonable certainty that Walton is fully aware of the punishment going to suffer and why they will suffer. "

On June 27, 2008 a North Carolina judge ruled that Guy Tobias LeGrand was not able to be implemented because of suffering from severe mental illness. The Supreme Court judge Robert Bell to make this decision based on the testimony of three psychiatrists who testified that suffered Guy LeGrand "personality disorders, psychosis and clinical paranoia." However, his sentence was commuted to what remains in the corridor of death.

United States should abolish the death penalty and, as a minimum first step, you must get rid of one of the most shameful aspects of this indecent punishment: the execution of persons with mental illness.