La diócesis católica de Pittsburg (Pensilvania, EE UU) ha llegado a un acuerdo con 32 víctimas de abuso sexual por parte de clérigos, que incluye la dotación de un fondo de 900.000 euros que será distribuido entre los afectados.



No sé si ustedes conocen a "dear Abby", la popular columnista americana que por décadas lleva dando consejos de amores y desamores a la población, oficio que a muchas personas puede parecerles de una cierta frivolidad. Sin embargo, Abby acaba de hacer lo que quizá no ha hecho o le ha costado hacer a la Iglesia Católica: denunciar a un pedófilo a la policía.
Cuando un hombre le escribió una carta diciéndole que tenía fantasías sexuales con niños, Abby se olvidó de su condición de periodista, o el posible conflicto con el tema confidencialidad. Ella llamó a las autoridades porque creyó que lo primero era proteger a los niños. La policía acudió al domicilio del presunto pederasta y, en efecto, allí comprobó que almacenaba pornografía infantil. El hombre está ya tras las rejas y los niños de su entorno tienen un depredador menos a quien temer.

Es lamentable que el abuso que han sufrido muchos niños a manos de aquéllos cuya bondad ni se cuestiona, haya sido silenciado durante tantos años por las autoridades eclesiásticas. Cada vez que se descubría que algún sacerdote cometía actos ultrajantes contra niños o jóvenes, lo habitual era enviarle al sicólogo y después cambiarlo de parroquia, sin que el secreto sobre el caso se levantara jamás. Si provocaba alguna denuncia legal, se llegaba a un acuerdo monetario con la expresa condición de confidencialidad.

De esta forma, al impedir que la información fuese de dominio público, el depredador seguía en libertad de causar nuevas víctimas en otro lugar. No es de extrañar, por tanto, el alto nivel de reincidencia que se ha producido entre algunos sacerdotes pederastas. John Geoghan, de Cambridge, Massachusetts, recién condenado por un tribunal a entre nueve y 10 años de prisión por abusar a un niño de 10 años, resulta que está acusado de ultrajar a 130 niños y violar sexualmente a dos, a lo largo de más de 30 años de sacerdocio, en las seis parroquias a donde le fueron destinando para su ejercicio sacerdotal. Hay noticias de un acuerdo secreto, por el que la Arquidiócesis de Boston compensaría con una cifra de entre 20 a 30 millones de dólares a 86 adultos de quienes Geoghan abusó cuando eran menores de edad.

Lo escandaloso de este caso ha tenido mucho que ver con que, de pronto, se hayan destapado muchos otros a lo largo y ancho del país. Ha habido alegaciones de abuso infantil en New Jersey, en Florida, donde ha dimitido un obispo, y en las mismas diócesis de Los Angeles y Orange County.

Vemos constantemente que, por desgracia, abusar de los niños no es algo exclusivo de ningún pervertido en particular. Es una canallada que practican familiares, maestros, entrenadores, trabajadores sociales, vecinos y... sacerdotes. De acuerdo con la ley, cuando se sorprende a los pederastas, se les denuncia, se les condena, se les encierra, y después se les marca de por vida. Su nombre figura en registros a los que la gente puede consultar --incluso en la internet-- para ver si alguno de ellos vive a su alrededor. Cuando eso ocurre, el vecindario organiza protestas hasta que el pederasta huye a otra localidad. Pero al hacerlo, nunca puede descuidarse de informar a las autoridades de su nueva ubicación.

Es así con todos los convictos de algún delito de pederastia, menos con los curas. Protegidos por el más absoluto de los secretos, el culpable de ultraje infantil llega a su nueva parroquia, sin que los feligreses puedan sospechar siquiera que el pastor de almas que les han destinado no es una persona de fiar. Por tanto, dejarán que sus niños le sirvan de monaguillos o reciban sus enseñanzas con absoluta tranquilidad.

Creo que es valiente y meritorio lo que acaba de hacer el cardenal Roger Mahony, quien ante la avalancha de casos de sacerdotes pederastas en todo el país, y en todo el mundo, diría yo, no sólo ha expulsado a los culpables de abuso infantil de esta dióceses, --se ha reportado que fueron de entre media y una docena a los religiosos que Mahony obligó a renunciar--, sino que ha dado la cara y ha declarado a través de los púlpitos de esta arquidiócesis, que aquí no se tolerará ninguna transgresión.

Lo único que no ha hecho el cardenal es divulgar los nombres de los curas pederastas ni decirle a los fieles si ha informado sobre ellos a la autoridad. Lástima, porque la gente tiene derecho a saber y a proteger a sus hijos de los depredadores que acechen su vulnerabilidad.

La arquidiócesis de Los Angeles tiene 1,200 sacerdotes, 200 hermanos, 200 diáconos y alrededor de cuatro mil maestros en sus escuelas. Ninguna de estas personas debe estar exenta de las leyes que rigen para el resto de la población. Ningún sacerdote o afiliado a la Iglesia Católica que haya abusado de algún niño, tiene más derecho a protección que cualquiera de los pederastas registrados en las listas abiertas al público que ofrece hoy en día la autoridad.

Lo primero, como ha dicho "dear Abby", es proteger a los inocentes. Lo segundo para la Iglesia debería ser demostrar a sus fieles, con firmeza y sin secretos, que la preocupación por su bien se halla por encima de la que sienten por los lobos que atacan al rebaño. Sólo así las ovejas continuarán siguiendo a los pastores, con la misma fe de siempre, y podrá recuperarse de la posición tan delicada en que la han situado los escándalos.

Puede que el abuso sexual a los niños sea un tema noticioso en estos momentos, pero en cualquier caso, es difícil que jamás vuelva a sumirse en la oscuridad. Ha saltado a la luz y ha concienciado a la población. La gente sabe que los pederastas pueden estar en cualquier parte, en el vecindario, en la escuela, y por desgracia, en la iglesia adonde van a rezar.