La Iniciativa Ciudadana contra las Macrocárceles, os convoca un año más a la Marcha contra la Macrocárcel de Zuera, que este año y si la Delegación del Gobierno no lo impide, será la Séptima.

Seguir denunciando la política penitenciaria y las situación de las cárceles en el Estado español y de la macrocárcel de Zuera en particular, es un deber para todo aquel o aquella que conozca las consecuencias que para las personas presas y sus familiares conlleva la pena de prisión.

En esta ocasión queremos hacer especial hincapié en el derecho a la salud de todo preso y presa, derecho que se ve vulnerado de manera constante de muros para dentro.

El estado español es el país europeo con mayor número de personas presas en sus cárceles en proporción a su población, más de 67.000. El hacinamiento, la dispersión, la falta de tratamiento y de personal sanitario, las condiciones mismas de la situación de encierro... son circunstancias que afectan directamente a la salud física y psicológica de las personas presas.
A día de hoy más del 40% de las personas presas padece trastorno mentales y de personalidad y el 8% padece una enfermedad mental grave. Ante esta realidad, constatamos la ausencia de medidas alternativas al cumplimiento en prisión, con el agravante de la falta de tratamiento psiquiátrico y psicológico en prisión (a la cárcel de Zuera solo sube un psiquiatra), acudiendo a los fármacos como único tratamiento.

También hay que recordar a las miles de personas con VIH que permanecen en las prisiones, actualmente son un 20%, a las que las condiciones de vida en la cárcel no hace más que perjudicar su estado de salud. La posibilidad de acceder a la excarcelación prevista en la ley para enfermedades terminales, incurables o especialmente graves es remota, con lo que el número de fallecidos dentro de las cárceles sigue siendo muy alto.

Asimismo, una vez la persona presa está en la calle, también sufre los efectos de los años de internamiento, irreversible en casos de largas condenas (los psicólogos coinciden en señalar los 15 años como punto de no retorno), los sentidos se ven mermados por las propias fronteras físicas de la prisión, los hábitos sociales se han visto anulados durante el encierro, la estigmatización de la estancia en prisión, el desarraigo familiar, la vuelta a una sociedad distinta de la que fue separado...

En consecuencia, los derechos fundamentales a la vida, la protección de la salud y a la asistencia médica, que deberían ser una garantía irrenunciable para cualquier persona, se ven constantemente vulnerados dentro de las cárceles. Todo ello con el agravante de que los médicos que atienden a las personas presas son dependientes de la administración penitenciaria, donde por encima de la salud, prima la seguridad.

Desde la Iniciativa Ciudadana contra las Macrocárceles, un año más, volvemos a denunciar las políticas penales y penitenciarias del Estado Español, que no hacen sino perpetuar las desigualdades e injusticias sociales, que incrementan el sufrimiento de las personas presas, así como de sus familiares y amigos/as.

Iniciativa Ciudadana contra las Macrocárceles